El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo se posiciona en contra de la entrega de Ayudas Sociales por parte del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Cancún Quintana Roo, a 8 de Octubre de 2019. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se posiciona a favor de que la XVI Legislatura del Estado cancele la entrega de ayudas sociales a la ciudadanía en general. Si bien existen lineamientos que permite a los Diputados la entrega de estas ayudas sociales, no existe un sustento del sistema político mexicano que lo avale, ya que el desarrollo social es responsabilidad del poder ejecutivo.
Adicionalmente, los procesos de entrega de ayudas no cumplen con ningún requerimiento legal para su correcta entrega, como lo serian reglas de operación, indicadores o cualquier otro instrumento que asegure que el recurso tenga un impacto real. Esta situación, alerta el CPC, abre la puerta que estos recursos se usen de forma clientelar, con discrecionalidad, opacidad y perjudique los procesos democráticos del estado.
Realizamos este comunicado posterior a la respuesta que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, Realizó sobre la solicitud de exhorto para que el congreso y la Auditoría Superior del Estado le entregara información a la Organización de la Sociedad Civil “Somos tus Ojos” . La solicitud fue negada ya que los exhortos únicamente se pueden realizar para hechos comprobados de corrupción, sin que por ahora se actualice tal supuesto.
No obstante, el Comité de Participación Ciudadana considera que es vital para mejorar los procesos democráticos del Estado revisar y legislar con claridad lo relativo a las Ayudas Sociales bajo el sustento de que no existen facultades en favor del Congreso, para entregar tales Ayudas en dinero a la Sociedad, puesto que sus funciones deben ceñirse exclusivamente a sus tareas legislativas.
El CPC buscará posicionar el tema en la nueva Agenda Legislativa como uno de los temas de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para reducir el riesgo de la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
