Hacia una Política Nacional Anticorrupción
Bases para una discusión pública
(Documento preliminar, versión Ejecutiva )
Introducción
El presente documento conforma una propuesta integral para consolidar la Política Nacional Anticorrupción y desarrolla las líneas de acción para su implementación.. El objetivo es lograr que en todos los niveles de gobierno se adopten estrategias claras para atender el problema de la corrupción, que es uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía pues impacta la estabilidad y el desarrollo del país y agudiza otros problemas públicos, como: pobreza, inseguridad, salud, desempleo, deuda e impunidad.
Antes de la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, el combate a la corrupción era rígido, reactivo y su aplicación estaba comprendida en instancias que no estaban coordinadas y entre sí. Las reformas a la constitución realizadas en junio de 2015 y, posteriormente, la aprobación del primer paquete de leyes que le dieron vida al SNA fue producto de un esfuerzo sin precedentes de la sociedad civil organizada, con el apoyo de instituciones académicas y del sector empresarial. La intención principal es lograr una coordinación transparente y pública de las instancias encargadas de dar seguimiento al quehacer de los funcionarios, incrementar la confianza en la administración pública, generar capacidades de investigación y fortalecer el trabajo de tribunales especializados en combate a la corrupción autónomos del titular del ejecutivo y mejorar el fincamiento de responsabilidades en la materia.
La nueva normativa contempla la creación de una instancia de coordinación de autoridades a cargo del diseño, evaluación y promoción de las políticas públicas anticorrupción, a la cual se le denominó Comité Coordinador, conformado por: el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, que también es quien está a la cabeza del Sistema, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Presidente Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Superior de la Federación y el Fiscal Especial de Combate a la Corrupción.
El Comité de Participación Ciudadana está conformado por cinco ciudadanos destacados por sus aportaciones al combate a la corrupción, la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de sus funciones se encuentra el ser el vínculo entre el Estado con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia, así como proponer al Comité Coordinador las políticas públicas en materia de combate a la corrupción que deberán acatarse por los entes públicos del estado mexicano. También se creó una entidad paraestatal no coordinada sectorialmente por ninguna secretaría de estado, denominada la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), que es el órgano que provee de asistencia técnica al Comité Coordinador y ayuda al Comité de Participación Ciudadana a llevar sus propuestas al terreno de las políticas públicas, a emitir indicadores y evaluar el impacto de las medidas.
La conformación del SNA busca un cambio de paradigma en el trabajo de coordinación interinstitucional, que apuesta a realizar acciones entre instituciones con vocaciones diferentes, pero que persiguen un mismo fin: hacer frente a la corrupción y mejorar la gestión administrativa de las instituciones públicas el país. La propuesta de política que aquí se presenta obedece a la decisión del Comité de Participación Ciudadana de trabajar en la implementación cabal del Sistema Nacional Anticorrupción de la mano de la ciudadanía. En coordinación con la Red por la Rendición de Cuentas se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario con académicos, integrantes de organizaciones sociales y servidores públicos, con la intención de poder integrar una visión integral para esta Política Nacional.
Esta propuesta sienta las bases para diseñar procesos de designación ajenos a intereses partidistas o particulares en específico del Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. De igual forma establece las líneas de acción y propone un mecanismo de seguimiento y evaluación para generar información que permita dar seguimiento al impacto de las medidas adoptadas para combatir la corrupción.
La PNA es la ruta para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. La apuesta es que se emprendan acciones de fondo que puedan transformar prácticas, acciones, recomendaciones e investigaciones que mejoren el resultado de las administraciones garantizando el pleno ejercicio de derechos.