La corrupción en México y en el estado de Quintana Roo ha lesionado profundamente a la sociedad y fracturado la confianza en las instituciones. Este fenómeno abrasivo ha minado el Estado de Derecho y llevado la garantía y ejercicio de los derechos humanos a su mayor nivel de vulneración. Sin duda, en él se encuentra el elemento obstaculizador de cualquier proceso de desarrollo sostenible y la causa sustancial de la marginación social, el deterioro ambiental y el débil desarrollo económico del país.